Los nuevos pisos turísticos deberán tener permiso expreso de comunidad

El gobierno español está considerando una nueva medida para frenar la proliferación de apartamentos turísticos en el país. Según una enmienda que el grupo socialista presentará en el Congreso, se modificará la Ley sobre Propiedad Horizontal para reforzar el papel de las comunidades de propietarios en este asunto.

De esta manera, la propuesta requeriría que los nuevos apartamentos turísticos obtengan un permiso de los vecinos para operar. Si no se obtiene este permiso, el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquier vecino, podrá solicitar el cese de la actividad bajo advertencia de acciones judiciales.

Una solución, pero no retroactiva

El texto legal justifica la reforma señalando que el aumento de viviendas de uso turístico ha provocado varios efectos no deseados, incluyendo problemas de convivencia, molestias, reducción de viviendas para alquiler residencial, incremento de precios de arrendamientos y una progresiva gentrificación de muchos barrios.

Las nuevas reglas no se aplicarán de manera retroactiva, por lo que los pisos turísticos ya existentes podrán seguir operando si cumplen con la normativa vigente en el momento de su inicio. Sin embargo, esto no impide que puedan ser clausurados por otras vías, como la normativa local que pretende implementar el Ayuntamiento de Barcelona.

Reforzamiento de Facultades Comunitarias

Desde 2019, las comunidades de propietarios ya tienen la facultad de vetar los pisos turísticos en sus edificios, siempre que cuenten con el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos. La nueva enmienda especificará que este veto debe hacerse mediante un “acuerdo expreso” que apruebe, limite, condicione o prohíba los pisos turísticos, incentivando así que el tema sea tratado en las reuniones de vecinos.

Esta misma norma aplicará para los permisos individuales que deberán obtener los nuevos apartamentos. En caso de que un piso se alquile sin este permiso, el presidente de la comunidad podrá intervenir, incluso a solicitud de cualquier inquilino, aunque para iniciar acciones judiciales será necesario el acuerdo de la junta de propietarios, de la cual no participan los arrendatarios.

Apoyo a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas

En diciembre pasado, se formó un grupo interministerial, incluyendo el Ministerio de Turismo, para estudiar otras posibles medidas dentro de las competencias del Gobierno, como la modificación de la Ley sobre Propiedad Horizontal y algunas iniciativas fiscales que todavía están en estudio.

El cambio ahora presentado en el Congreso es uno de los primeros pasos en un ámbito donde la mayor capacidad de acción corresponde a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que pueden intervenir a través de ordenanzas y normativas urbanísticas. Se busca apoyar las medidas que ya están adoptando otras administraciones locales y autonómicas.

En este sentido, en colaboración con el Ministerio de Vivienda, el Gobierno ha mantenido reuniones con comunidades y ayuntamientos para abordar el impacto de los apartamentos turísticos en los precios de la vivienda.

Como resultado, se anunció la creación de un registro único de casas alquiladas a través de plataformas digitales por plazos inferiores a un año, con la implementación prevista para 2025. Este registro asignará una “matrícula única” a cada casa para ayudar a identificar la oferta ilegal.

Datos y disparidad entre oferta Legal e Ilegal

Según datos del INE, en febrero pasado España contaba con más de 350.000 apartamentos turísticos, una cifra que incluye la oferta activa en plataformas digitales como Airbnb, muchas veces no coincidente con las licencias concedidas.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid reconocía menos de 300 pisos autorizados frente a los 16.000 operativos según el instituto estadístico. Este desajuste entre oferta legal e ilegal se repite en muchas ciudades, con servicios de inspección frecuentemente desbordados.

La nueva iniciativa del Congreso también busca facilitar la detección y denuncia de apartamentos que operan sin licencia.