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El Gobierno ultima el real decreto sobre el control de horario digital en las empresas
El Ministerio de Trabajo se encuentra en la fase final de tramitación del proyecto de real decreto que modificará las condiciones del registro de jornada, estableciendo la obligatoriedad de medios digitales. La norma, que se espera aprobar antes de fin de año, busca definir los requisitos técnicos para garantizar la fiabilidad y accesibilidad de los datos ante una futura inspección.
Con la cuenta atrás iniciada, las compañías deberán estar atentas a las nuevas exigencias tecnológicas que se avecinan.
Hacia la digitalización obligatoria del registro
Según informan fuentes como CincoDías de El País, tras no lograrse el consenso parlamentario para la reforma conjunta con la reducción de la jornada a 37,5 horas, Trabajo ha optado por avanzar de forma separada mediante el desarrollo reglamentario. El objetivo del texto, que aún podría sufrir modificaciones antes de elevarse al Consejo de Ministros, es concretar el contenido mínimo de los registros para asegurar que sean objetivos y fiables.
La principal novedad que plantea el borrador es la obligatoriedad del uso de medios digitales. Los empleados deberán realizar los asientos de forma diaria, personal y directa. El sistema deberá dejar una huella indeleble, cualquier modificación posterior requerirá autorización y quedará registrada identificando al usuario responsable, evitando así la alteración de datos sin rastro.
Datos que deberá recoger el sistema
El proyecto detalla que la herramienta elegida deberá ser exhaustiva. El sistema tendrá que registrar la hora y minuto de inicio y fin de la jornada, pero también las pausas, tiempos de espera y los momentos de desconexión digital.
Además, deberá identificar:
- Tipo de jornada (completa o parcial).
- Si el trabajo es presencial o a distancia.
- Naturaleza de las horas (ordinarias, extraordinarias o complementarias).
- Compensación de horas extras (descanso o retribución).
Acceso remoto para la Inspección de Trabajo
Uno de los puntos clave para la parte técnica es la accesibilidad. Las empresas deberán conservar los datos durante cuatro años.
El texto en preparación estipula que el sistema debe permitir que la Inspección de Trabajo tenga acceso remoto a los registros, lo que elevará la capacidad de control sobre el cumplimiento horario.
También los trabajadores y sus representantes legales podrán acceder y obtener copias en cualquier momento.
Plazos y aplicación
El borrador indica que el régimen será aplicable también a relaciones laborales especiales, como alta dirección o empleados del hogar. Además, establece que las empresas deberán crear un protocolo interno y formar a la plantilla en el uso de la herramienta.
Aunque la entrada en vigor está prevista para los veinte días posteriores a su publicación en el BOE, el texto sugiere que la aplicación efectiva y la adaptación de las empresas para evitar incumplimientos apuntaría a comienzos de 2026.
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