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Iberdrola y Endesa, bajo demanda por posible fraude en el cobro de contadores

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Las asociaciones de consumidores han reactivado las reclamaciones contra las principales compañías eléctricas utilizando el precedente de la Junta de Andalucía, que acaba de sancionar a Endesa con más de 400.000 euros por cláusulas abusivas en sus contratos. El origen está en los nuevos contadores digitales y su telegestión.

Según anuncia el Confidencial Digital, las principales empresas eléctricas del país se están preparando jurídicamente ante las posibles responsabilidades en las que hayan incurrido, tal como indican diferentes Asociaciones de Consumidores,  por el supuesto de cobrar a los clientes servicios no prestados con los nuevos contadores inteligentes.

Las principales compañías del país, con Iberdrola y Endesa a la cabeza, se preparan para una potente ofensiva judicial de las asociaciones de consumidores tras el último precedente que ha sentado la Junta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno andaluz acaba de multar a la compañía de electricidad Endesa Distribución con 400.000 euros por introducir cláusulas abusivas en sus contratos de contadores de telegestión al cobrar el precio del alquiler por servicios no prestados al no estar conectados al sistema.

Además, también acumuló otra sanción de 1,39 millones de euros por el “comiso del beneficio”, es decir, por cometer esta irregularidad durante todo el año 2014, que ha afectado a más de 350.000 usuarios en Andalucía.

Reclamaciones por facturas incorrectas

En la cúpula de Iberdrola y Endesa se tendría constancia de que varias asociaciones de consumidores, entre las que se cita a Facua, han ido denunciando en los últimos años determinadas irregularidades similares ante la mayoría de las consejerías de Industria de toda España.

En este sentido, dan por hecho que estas organizaciones van a utilizar el precedente de esta multa de la Junta de Andalucía para reactivar las reclamaciones interpuestas ante los servicios autonómicos. Muchos de esos expedientes, explican, se encuentran ahora paralizados.

La clave de esta sanción está en que las compañías llevan meses aplicando una tarifa a determinados clientes que solo pueden cobrar si el usuario tiene habilitada la telegestión, algo que todavía no ocurre en la mayoría de los nuevos equipos de medida instalados.

Por ello, los servicios jurídicos de las eléctricas se preparan para la más que probable avalancha de demandas y están redactando alegaciones a estas reclamaciones. De este modo, trataran de amortiguar el impacto económico en la medida de los posible, aunque la devolución de las cantidades indebidas cobradas parecerían inevitables.

En el sector eléctrico temen cuantías millonarias por estos presuntos hechos, y si se considera que se da el agravante de reiteración, que se daría si la compañía ha sido sancionada en los últimos dos años, los perjuicios ocasionados a los consumidores superan los 50.000 euros; y haber cometido la infracción valiéndose de su situación dominante del mercado en la región.

Veremos en los próximas semanas o meses la evolución que tendrá en los tribunales estas denuncias y cuál es el resultado para los miles de clientes que pueden haber sido afectados.