Europa reclama las ayudas públicas a los radiodifusores de la plataforma de la TDT
Entre 2005 y 2009 se quiso extender el servicio de la TDT por las áreas más despobladas del país. Para ello, distintas administraciones otorgaron a varias empresas radiodifusoras de la TDT, una cantidad cercana a los 260 millones de euros. Pasado el tiempo, las empresas afectadas de no beneficiarse de esa ayuda, han visto como el Tribunal General de la UE les daba la razón. Se tendrán que devolver esas ayudas.
La resolución indica que “el principio de neutralidad tecnológica” no fue respetado por las Administraciones y, por tanto, los fondos favorecían a los proveedores de la TDT frente a los de otras compañías con sistemas de telecomunicación diferente.
¿Quiénes reclaman? Los operadores de satélite son las principales afectadas y es por ello que quieren una parte de esas ayudas. El 40 % de las ayudas las obtuvo la empresa Cellnex, mientras que el resto fueron a parar a empresas regionales y locales. Las empresas afectadas están esperando una resolución más concreta para saber qué parte de las ayudas incumplen el principio de neutralidad tecnológica.
Ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno destinaron varios millones de euros para garantizar la cobertura del servicio de la televisión digital terrestre en la zona II. Dicha área se corresponde con regiones poco urbanizadas y remotas que representan el 2,5 % de la población en este país. Muchas empresas al no ver un fin comercial en pueblos y pequeñas aldeas, no invirtieron y el Ejecutivo se vio obligado a destinar ayudas para que todos pudieran tener acceso a la TDT. En cambio, a aquellas personas que viven en la zona III, aquellas áreas con dificultad topográfica, se procedió a dar cobertura mediante satélite.
SES Astra, operador europeo de satélites, fue quién decidió presentar la denuncia en Bruselas porque el dinero destinado a las operadoras de la plataforma TDT para el despliegue y mantenimiento en la Zona II era “ilegales” e incompatibles. Una vez se ha procedido a la resolución por parte del Tribunal de la UE, los organismos afectados pueden reclamar esta sentencia en un plazo de dos meses.
