El Gobierno regula el autoconsumo eléctrico y añade dudas sobre su rentabilidad

Han sido cuatro años los que el Ministerio de Industria ha empleado en estudiar y redactar la ley que iniciara la tramitación de la normativa sobre el autoconsumo de electricidad, a estas alturas ya aprobada por el Consejo de Ministros.

Si quisiéramos hacer un resumen de la nueva normativa, podemos decir que sólo se admite un modelo de autoconsumo instantáneo, y añade peajes y cargos que merman notablemente su rentabilidad y sus posibilidades de desarrollo.

Durante estos cuatro años los particulares (no existen cifras oficiales) han instalado numerosas instalaciones de autoconsumo amparadas por una regulación incompleta que permitía la generación y uso de la propia energía sin abonar peaje al sistema eléctrico, pero sin percibir remuneración por los excedentes inyectados en las redes eléctricas. Las comunidades autónomas han ido aprobando normas de apoyo a esta modalidad de generación, en ocasiones con una difícil interpretación.

El Gobierno ha retrasado todo lo posible la creación de la Ley, enfrascado en la reforma eléctrica y con temor a generar otra fiebre incontrolada de la energía fotovoltaica. Ecologistas, consumidores, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Defensora del Pueblo y los partidos políticos de la oposición eran los actores que demandaban una regulación, y estos últimos ya han anunciado que estudiarán cualquier normativa que consideren injusta para derogarla.

La introducción de varios peajes deja muy limitado su impacto en el mercado

La regulación aprobada garantiza que el autoconsumo no producirá un déficit notable en el sistema eléctrico, en virtud de la introducción de varios peajes: el primero a la potencia del sistema, que tendrán que pagar todas las instalaciones. El segundo a la propia producción eléctrica, que abonarán las mayores de 10 kW en territorio peninsular, y un tercero a las instalaciones mayores de 100 kW, que también abonan los generadores convencionales. Los dos primeros varían en función de la potencia del sistema instalado y son muy fuertes para los consumidores conectados en media tensión. Sólo las instalaciones mayores de 100 kW percibirán algún ingreso por los excedentes vertidos a la red.

Detrás de la introducción de estos peajes está el reparto de los costes y cargos del sistema eléctrico sobre el recibo de los consumidores: el 65% se incluyen en la parte fija (potencia contratada) y el 35% restante en la parte variable, en cada kWh consumido. Si los autoconsumidores no abonasen este 35% en la energía que se autogeneran, lo sufragarían los consumidores normales.

La Ley está ya aprobada por el consejo de ministros y ahora solo queda ver la evolución de este modelo de generación de energía y su impacto en el mercado y en el medioambiente y en el mercado de electricidad.