Las Comunidades de vecinos deben mejorar el acceso a los edificios antes de diciembre de 2017
El mes de diciembre de 2017 vence el plazo que tienen las Comunidades de vecinos para acometer las mejoras que mejoren el acceso a los edificios para personas con dificultades de movilidad, según el Real Decreto Legislativo 1/2013. La norma estableció un periodo de cuatro años para su implantación del que ya hemos superado su ecuador y muchos edificios no han cumplido aún con la legislación.
Una de las novedades más importantes que introdujo el Gobierno en “Ley General de derechos de las personas con discapacidad” fue quitar la unanimidad entre los propietarios a la hora de aprobar o rechazar obras de acondicionamiento de la instalación. Hasta hace poco tiempo, la mayor parte de comunidades requerían tres quintas partes de votos a favor, pero con la nueva regulación se obliga a acometer las obras si una sola persona lo solicita
Este tipo de normativa supone un gran avance para muchas personas con movilidad reducida puesto que en la mayor parte de las ocasiones tenían que enfrentarse a la negativa de los vecinos, ya que estos se negaban hacer frente a elevadas derramas.
De todas formas la ley es muy cauta puesto que solo exige hacer ajustes lógicos que no supongan una carga abusiva para las arcas de la comunidad. Para ello se ha fijado un límite: no se podrá sobrepasar las doce mensualidades de comunidad. Esto quiere decir que si la cuota es de 80 euros al mes, cada vecino podrá desembolsar un máximo de 960 euros.
Y si aportando esa cantidad por vecino, aún no se reuniera esa suma de dinero necesaria, los propietarios más interesados (los que presentan movilidad reducida) podrán aportar más dinero de su bolsillo para eliminar ese sobrecoste y llevar a cabo la obra.
Según el Colegio de Aparejadores y Arquitectos las principales reformas se están llevando a cabo obras para eliminar el primer escalón de los portales y, sobre bajar el ascensor hasta nivel del suelo. Aunque también se están instalando elevadores con movilidad reducida en los casos donde no hay hueco para eliminar dichas barreras. El tiempo avanza y la ley hay que cumplirla, recalcan desde las instituciones competentes puesto que sino podrían enfrentarse a multas de 300.000 euros.
