El Gobierno y las empresas de telecomunicaciones se enfrentan por las interferencias TDT

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La nueva red de tecnología 4G va a usar las frecuencias del llamado dividendo digital, que se sitúan en la banda de los 800 megahercios (MHz) y el gobierno y las empresas de telecomunicaciones están debatiendo la manera de asumir los costes de estas interferencias.

Ese espectro, que fue adquirido por Movistar, Vodafone y Orange en la subasta de 2011 por 1.200 millones de euros, tiene que estar disponible para las telecos desde el 1 de enero próximo. El gobierno defiende que sean las empresas de telefonía las responsables de subsanar estas dificultades.

Estas frecuencias es posible que causen interferencias en la recepción de la televisión en los hogares en zonas determinadas por su proximidad geográfica y en el espectro radioeléctrico. Para evitarlo y anticiparse a encontrarse en la próxima primavera con un clamor popular de usuarios frustrados por no poder recibir bien la televisión -a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo-, Industria prepara una Orden Ministerial que los operadores encuentran excesivamente dura.

Los operadores de telecos ya asumen que el coste de arreglar las interferencias en la televisión -algo que se consigue instalando diversos tipos de filtro en las antenas de TV, debe correr por su cuenta-, porque así se establecía en el decreto que regulaba la subasta en la que se adjudicaron este espectro. Al participar en la subasta, asumían en la práctica las condiciones, aunque esas frecuencias eran vitales para el internet móvil del futuro y no tenían alternativa.

Industria defiende las acciones preventivas

El Ministerio ha optado por un criterio preventivo en vez de uno reactivo, lo que ha generado el enfrentamiento.  El Ministerio ha decidido que los operadores deben proteger todas las antenas de televisión de las zonas en las que se sospecha que va a haber interferencias antes de poder encender la nueva red móvil, en lugar de permitir a las telecos que enciendan la red del dividendo digital y luego enfrentarse a las posibles interferencias que se produzcan realmente y arreglarlas.

El decreto de la subasta de 2011 establecía que «en caso de que se produjesen interferencias o perturbaciones al servicio de radiodifusión de televisión, el concesionario del servicio de comunicaciones electrónicas vendrá obligado a efectuar las correcciones técnicas necesarias para su completa eliminación, asumiendo, en su caso, el coste».

Es decir, que los operadores sostienen que el decreto por el que se adjudicaron las subastas establecía una actuación a posteriori y no la protección a priori de todas las antenas de las zonas sospechosas de tener problemas como ahora obliga el Ministerio.

Medio millón de hogares y 100 millones de euros de coste

En teoría, las actuaciones preventivas son muy numerosas. Así, diversas estimaciones señalan que en los casos de las antenas colectivas de edificios, pueden verse afectados por las interferencias alrededor del 2% del total. Lo más grave para las operadores procede de las actuaciones en las antenas de viviendas unifamiliares, las más vulnerables. Ahí, las interferencias podrían llegar a afectar a alrededor del 6% del total.

Como en España, según el INE hay unos 7,7 millones de viviendas unifamiliares, se trataría de unas 460.000 antenas. Sumadas a las de los edificios, suponen en total cerca de medio millón de antenas. Con un coste estimado por cada antena protegida de alrededor de 200 euros, el coste para los operadores podría estimarse en torno a los 100 millones de euros. Esa cuantía deberían asumirla solidariamente Movistar, Vodafone y Orange.

La orden que Industria prepara también dice que los tres operadores deberán crear una empresa o una UTE para dar estos servicios de reparación de las antenas a los ciudadanos,  con un centro de atención de llamadas para que los usuarios puedan denunciar sus incidencias en la televisión y los operadores móviles estarán obligados a darla a conocer entre el público en general.

Además, la orden ministerial de Industria también establece unos periodos muy perentorios para que los operadores arreglen las interferencias sobrevenidas. Les da 48 horas para que solucionen los problemas de las zonas «sospechosas», es decir, en las que ya se han protegido preventivamente todas las antenas y siete días naturales para cualquier otra afectación que se produzca en zonas diferentes. Los operadores, aunque se quejan y querrían que el Ministerio optase por una solución correctiva y a posteriori, ya han iniciado sus planes para dar solución a los posibles problemas.

Pero más allá del elevado coste que tiene las actuaciones a las que obliga Industria –ya que a los aproximadamente cien millones de euros que cuestan las reparaciones habrá que sumar el coste del centro de atención al cliente, que debe estar dimensionado para atender miles de llamadas diarias-, los operadores aducen también que la orden provocará otros problemas.

Uno de ellos, evidente, es que se va a retrasar el encendido general de la red 4G de 800 MHz aunque los operadores dispongan de las frecuencias. O sea, que el 1 de enero no va a haber un big bang en la telefonía móvil que mejore sustancialmente la cobertura y la velocidad del 4G en España, tal y como pretendían las operadoras. Pero además, también se puede reducir el alcance del despliegue, por lo menos en la primera fase.

Los operadores tendrán que destinar parte de la inversión a arreglar las antenas de TV de los ciudadanos tendrán menos recursos para utilizarlos en el despliegue. Y además, incluso pueden llegar a plantearse si merece la pena desplegar la nueva red en algunos municipios pequeños si eso va a conllevar mayores costes asociados a la protección de las antenas.

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